Integrantes del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla alertaron sobre intentos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) por frenar el proceso judicial contra los exfuncionarios de la extinta Procuraduría General del Estado de Morelos (PGE), involucrados en la inhumación ilegal de 119 cuerpos en una fosa clandestina en Tetelcingo, también denunciaron actos de hostigamiento, incluyendo un intento de “levantón” contra una de sus integrantes, como resultado de su trabajo de seguimiento en el caso.
Durante una conferencia de prensa celebrada en la ofrenda de víctimas, situada en la entrada principal del Palacio de Gobierno, Amalia Alejandra Hernández y María Concepción Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, respectivamente, denunciaron presiones por parte de la FGE para obstaculizar el avance del juicio. El caso, que destapó irregularidades en las fosas de Tetelcingo, fue presentado como un ejemplo de la persistente lucha por justicia, no solo para Oliver, sino también para los otros cuerpos que fueron inhumados de manera irregular.
“Ya son 11 años luchando por justicia, tanto para Oliver como para los 118 cuerpos que fueron inhumados junto con él en las fosas de Tetelcingo por la entonces Procuraduría. Queremos informarles sobre la clara intención de la Fiscalía de echar abajo este proceso y permitir que los delitos en contra de los servidores públicos queden en la impunidad”, afirmó Amalia Alejandra, mientras mostraba más de 70 carpetas relacionadas con el caso.
La conferencia ocurrió a días de una audiencia intermedia programada para este miércoles, y las denunciantes detallaron que, en noviembre pasado, se solicitó una prórroga para intentar alcanzar un acuerdo que favoreciera la investigación, amparado por la ley mediante un criterio de oportunidad. Sin embargo, informaron que aún no se había concretado el acuerdo y que el Ministerio Público seguía sin integrar información clave en la carpeta de investigación.
“Esto permitiría que la persona imputada proporcionara información clave para continuar avanzando en la carpeta. Sin embargo, hasta ayer no habíamos tenido conocimiento de que esto se hubiera realizado. Nos informaron que estaban esperando la respuesta del abogado de la imputada”, añadieron.
Además, señalaron que la Fiscalía había violado sus derechos al grabarlas sin consentimiento, al mismo tiempo que intentaban amedrentarlas. “Todo lo que hay debe obrar y constar en la carpeta para garantizar certeza jurídica. Cuando reclamamos, la Fiscalía respondió llamando a un visitador y nos grabaron sin nuestro consentimiento, violando nuestro derecho como víctimas. Esto fue un intento claro de amedrentarnos”, afirmó.
Amalia recordó un atentado contra su hermana, madre de Oliver, ocurrido en noviembre pasado. “No quisimos sobrevalorar lo ocurrido en su momento, pero lo que pasó ayer nos deja claro que estas acciones provienen directamente de la Fiscalía”, enfatizó.
Las críticas hacia el fiscal Uriel Carmona Gándara fueron contundentes. “El fiscal sabe que el Ministerio Público encargado del caso no tiene la preparación adecuada para llevar adelante esta audiencia intermedia. Esto evidencia la negligencia con la que se está manejando este caso”, indicó Amalia.
Las denunciantes también manifestaron irregularidades en la gestión de la carpeta de investigación. Se reportó que faltan cientos de hojas en los tomos y que el abogado de una de las partes imputadas confirmó que en varios tomos faltaban entre 200 y 300 hojas. Esta situación fue informada al Fiscal General desde 2024, sin recibir respuesta hasta la fecha.
Además, revelaron que se les ofreció un acuerdo económico para silenciar el caso. “Se nos ofreció un acuerdo económico para que este caso no se conociera. Hoy podemos confirmar, con pruebas, que nuestra negativa fue lo que permitió que se destaparan las irregularidades en las fosas de Tetelcingo”, aseguraron.
El Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla entregó un segundo oficio dirigido a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y al secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, solicitando una reunión urgente para tratar los avances en el caso. Aseguran que si el oficio es ignorado, la intención de las autoridades quedará clara.
Amalia y María también cuestionaron el temor de las autoridades locales a abordar este tema delicado, que involucra al Fiscal General y otros funcionarios. Expresaron su preocupación por la seguridad de sus familias, pero afirmaron que la situación debe ser resuelta sin evasivas.
Por último, pidieron que tanto la gobernadora como los funcionarios responsables asuman su responsabilidad ante la situación. “Si no lo hacen, los hacemos responsables directamente de cualquier cosa que nos suceda a nosotros o nuestras familias”, advirtieron.
La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la desaparición de la carpeta sin explicación alguna, junto con la falta de comunicación y transparencia, han dejado a las víctimas en un limbo legal, mientras la impunidad sigue siendo una amenaza latente en el caso.