La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, por el suicidio de una mujer con discapacidad psicosocial en el en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) número 16, en Morelos, a quien no se le brindó la atención adecuada; así también al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), Uriel Carmona Gándara, por la deficiente investigación de los hechos.
Indicó que aunque a su ingreso a penal la víctima fue diagnosticada con trastorno de ansiedad, depresión mayor y tenía huellas en su cuerpo de autoagresión, las autoridades no tomaron las medidas para atender su condición adecuadamente y tampoco implementaron ajustes para facilitar la comunicación con sus familiares, quienes residían en Chihuahua, lo que impactó negativamente su estado de salud y provocó que, en mayo de 2020, atentara contra su integridad física.
Posterior a ese hecho, se le ubicó sola con tratamiento psiquiátrico en una estancia sin analizar el impacto de tal determinación y sin supervisión permanente, omisiones que finalmente provocaron que el 14 de agosto de 2020 se quitara la vida, “lo que se enmarca en un contexto de discriminación que le provocaron sufrimiento, por lo que se consideran actos de tortura”.
En la Recomendación 54/2022, la CNDH consideró que era deber de la autoridad penitenciaria contar con datos médicos, psicológicos y sociales de la víctima para detectar sus necesidades específicas y desarrollar mecanismos para el tratamiento de la discapacidad psicosocial con que vivía.
Expuso que la FGE Morelos incurrió en diversas irregularidades como la omisión de investigar los hechos con perspectiva de género; entregar el cuerpo de la persona fallecida en estado de descomposición por el mal funcionamiento del equipo de refrigeración -vulnerando así la debida diligencia y el derecho de las víctimas a ser tratadas con dignidad-; no desarrollar acciones para descartar posibles actos de maltrato físico y psicológico ni solicitar la designación de un familiar para proporcionar información sobre las indagatorias.
La CNDH solicitó al OADPRS y a la FGE Morelos reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas de la situación antes descrita. Particularmente al comisionado Ávila Pérez le pidió identificar a las personas privadas de la libertad en el Cefereso femenil 16 con discapacidad psicosocial e implementar un programa para atención y facilitar la comunicación entre personas recluidas y sus familiares.
A su vez, el fiscal general de Morelos tendrá que elaborar o actualizar el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio; coadyuvar en la tramitación de la queja que la CNDH presente ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos de la FGE contra los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos señaladas.