Queta fue degollada en Coatzacoalcos, Veracruz, en la madrugada del 1 de enero de este año. Ese mismo día asesinaron a otra mujer, presuntamente con arma de fuego, en Tototlán, Jalisco. En febrero, encontraron estrangulada a la argentina Agostina Jalabert, de 31 años, en Playa del Carmen, Quintana Roo. El 4 de marzo fue hallada muerta y con signos de violencia María de Fátima Pech, de la misma edad, en Motul, Yucatán.
Ya se hizo costumbre que los medios reporten cada día feminicidios en todas las entidades del país. Esta una tendencia sostenida desde hace años, pese a los esfuerzos que durante más de dos décadas realizan las organizaciones civiles por denunciar y visibilizar la violencia contra las mujeres.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sostiene que los feminicidios tienen ese nivel de frecuencia por la carencia de acciones del Estado mexicano en materia de prevención.
La tendencia a nivel nacional continúa al alza en los últimos años, pero se ha intensificado en esta administración. En las cifras de delitos y víctimas por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2022, el aumento ha sido, respectivamente, de 113.45 y 111.59 por ciento, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En un delito puede haber más de una víctima.
De acuerdo con los datos oficiales, los feminicidios se duplicaron en los últimos ocho años: pasaron de 412 en 2015 a 984 en 2022. El año récord fue 2021, cuando 980 mujeres fueron asesinadas por su condición de género.
Familiares y parejas feminicidas
Las razones y los contextos en que se registran los feminicidios son diversos, explica Ana Yeli Pérez. Ocurren en los ámbitos público y privado.
Pero si bien en el 70 por ciento de los casos se ignora quiénes son los feminicidas, en el resto de casos las autoridades sí saben que los agresores fueron la pareja u otro familiar. Ese 30 por ciento de los crímenes sucede en el espacio familiar, en el mismo domicilio de las víctimas, según las mismas cifras oficiales.
Y justo ahí es donde el Estado podría efectuar políticas de prevención, advierte la abogada, sobre todo en un contexto en el que las mujeres han denunciado que padecen violencia en casa.
A pesar de ello, enfatiza la asesora jurídica, “las autoridades no están haciendo nada para evitar que esa violencia se incremente y termine en feminicidio. En el caso de las órdenes de aprehensión, no se implementan de manera efectiva, se quedan en oficios”.
La triste conclusión es que si el Estado no tiene la capacidad de prevenir el feminicidio íntimo, en los propios hogares, menos la tiene para detener aquellos que ocurren en contextos complejos, “donde se requieren esfuerzos más sofisticados, de inteligencia, que tienen que ver con el crimen organizado, con desmantelar estructuras que impactan la vida de las mujeres”.
Los más letales; Colima, a la cabeza
En 2022, la media nacional de los delitos y las víctimas de feminicidio fue de, respectivamente, 1.43 y 1.46 por ciento. Son 10 las entidades que rebasan esos números y cada una de ellas están ubicadas en diversas zonas del país, desde el sur al norte: Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.
Colima encabeza la lista de fatalidades, con más de cuatro feminicidios por cada 100 mil habitantes. En Morelos y Nuevo León ocurren tres asesinatos de mujeres por cada 100 mil ciudadanos, mientras que la incidencia en Oaxaca, Chihuahua y Campeche es dos por cada 100 mil. Durango, Michoacán, Sonora y Zacatecas están por encima del 1.5 por ciento.