La comunidad LGBT impugnará la designación del ex legislador Roberto Yáñez Moreno como diputado sustituto porque no reúne las condiciones jurídicas para ocupar el cargo, la cual, según ellos, le fue entregada ilegal e irregularmente por el Congreso del estado. En rueda de prensa, los representantes de varios grupos y colectivos de dicha comunidad acusaron que Yáñez Moreno fue beneficiario de una serie de omisiones e ilegalidades evidentes de parte de varias autoridades como el Órgano Electoral Estatal y el Congreso del estado, para darle la diputación que dejó vacante su tío Juan José Yáñez, quien murió hace unas semanas. Cesar Guerra, integrante de la Mesa de difusión de la comunidad LGBT, aseguró que Yáñez Moreno no debió ser nombrado diputado sustituto, de entrada, porque el orden de prelación de la lista de candidaturas plurinominales no le correspondía, además de que nunca tuvo en sus manos la calidad de candidato, ya que fue señalado de “usurpador” por haberse registrado como miembro LGBBT sin serlo. Agregó que la serie de irregularidades entorno a su nombramiento se agravan más cuando es conocido que hubo un “acuerdo político” entre los integrantes del Congreso estatal para llamarlo a pesar de que no se reunieron los requisitos de procedimiento para darle legalidad y legitimidad. Fustigó también a la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally, quien decidió hacerse a un lado, no hacer respetar los criterios de asignación de diputados plurinominales y de género, y permitir la imposición de Yáñez cuando “es un usurpador y un tramposo para la democracia». Gabriel Dirzio, otro de los voceros que la comunidad LGBT, sostuvo que se encuentra indignado debido a la violación constante de sus derechos, primero, cuando Yáñez Moreno intentó registrarse como candidato de la comunidad sin serlo y luego, cuando las autoridades le permitieron ingresar como diputado sin reunir los requisitos de candidato de minorías. Apuntaron que ante tales condiciones, el caso reúne “importantes elementos” para utilizar diversos recursos legales para combatir el nombramiento y obligar a las autoridades a enderezar el camino.
