María Luisa Villanueva Márquez —quien pasó 25 años en prisión por un delito que asegura no cometió y que, según su testimonio, confesó bajo tortura ejercida por elementos antisecuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado (FGE)— se declaró en huelga de hambre y se amarró a la estatua de la diosa Themis, ubicada en la entrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para exigir el reconocimiento de su inocencia y la anulación de la sentencia dictada en su contra.
Villanueva Márquez fue liberada en febrero de 2023 mediante el beneficio de remisión parcial de la pena, luego de permanecer más de dos décadas en prisión.
Antes de atarse a la estatua, María Luisa, acompañada por su abogado y por activistas sociales y feministas, realizó una clausura simbólica del acceso principal al TSJ. Además, quemó una copia del expediente que contiene la resolución emitida por un tribunal de alzada del TSJ de Morelos, el cual le negó el reconocimiento de inocencia y la anulación de la sentencia en una audiencia celebrada el pasado 12 de junio.
Según María Luisa, durante esa audiencia los magistrados desacreditaron y no tomaron en cuenta el Protocolo de Estambul, manual internacional adoptado por las Naciones Unidas que establece estándares y procedimientos para investigar, documentar y evaluar de manera efectiva la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con el abogado Eutiquio Damián Santiago, dicho protocolo acreditó que María Luisa presenta secuelas compatibles con la tortura que sufrió durante cuatro días a manos de agentes antisecuestros.
“Padece los síntomas de la tortura que sufrió durante cuatro días a manos de los agentes, tiempo en el cual estuvo sin alimentos, sin agua, amarrada a una silla y constantemente violentada en sus derechos”, sostuvo el litigante.
Este jueves, María Luisa acusó a los magistrados Francisco Hurtado, Horacio López y Miriam Uribe de revictimizarla durante la audiencia y de desacreditar indebidamente el Protocolo de Estambul, lo que derivó en la negativa de reconocer su inocencia y anular la sentencia.
“Todas las pruebas que presenté simplemente no fueron valoradas. Desacreditaron el Protocolo de Estambul porque, según dijeron en la audiencia, se realizó muchos años después de los hechos, cuando la tortura deja huellas y no cesa cuando terminan los golpes; la tortura dura años”, expresó.
“Ellos no pueden desacreditar un Protocolo de Estambul que ya pasó por varios filtros. La FGE realizó una investigación durante 10 años; el caso pasó por otras instancias y, aun así, los magistrados, con la mano en la cintura y ostentándose como psicólogos, lo desacreditaron. También presenté otras pruebas con las que demostré que se fabricó un delito, que fui torturada y que todo se originó en ese contexto de tortura”, agregó.
Insistió en que esperaba que las pruebas fueran valoradas de manera integral por los magistrados.
“Las valoraron de forma individual. La sala auxiliar desconoce el tema que estuvo sobre la mesa. Tuvieron el expediente durante siete meses y creo que ni siquiera leyeron completo mi caso”, afirmó.
La mujer, de 51 años de edad, relató que fue sometida a cuatro días de tortura y posteriormente obligada a declararse culpable de un secuestro. Por ese delito fue sentenciada a 30 años de prisión, de los cuales pasó 25 años recluida en el penal de Atlacholoaya.
Aunque obtuvo su libertad en febrero de 2023 por remisión parcial de la pena, ella y su abogado, Eutiquio Damián Santiago, han mantenido durante más de una década una lucha jurídica para que el TSJ reconozca su inocencia y anule la sentencia.
Según el litigante, el Protocolo de Estambul acreditó que María Luisa fue torturada por integrantes del grupo antisecuestros en 1997, cuando fue detenida a los 23 años, acusada de secuestro y posteriormente condenada a 30 años de prisión.